El Gobierno quiere reducir el número de asignaturas en el primer ciclo de la ESO

El ministro Gabilondo propone modificar 21 artículos de la LOE que los socialistas aprobaron en 2006 Las comunidades gobernadas por el PP consideran que en el documento para el pacto por la Educación no incluye "reformas de calado"

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modelo actual falla"
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M. DUCAJÚ/E. PRESS VALENCIA/MADRID La última, que no definitiva, propuesta del ministro Ángel Gabilondo para la consecución de un gran Pacto Social y Político en la Educación incluye la reforma de 21 artículos de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que los mismos socialistas -y un sector de los grupos parlamentarios nacionalistas- aprobaron en 2006. Así lo dio a conocer ayer a los consejeros autonómicos durante la Conferencia Sectorial del ramo, celebrada en Madrid.
Algunos de los cambios previstos en el documento del Ministerio de Educación -hasta 137 puntos- se refieren a la agrupación de asignaturas en el primer ciclo de la Secundaria Obligatoria (ESO) para "reducir el número de materias y de profesores distintos que tiene el alumnado" de 12 y 13 años; el adelanto de programas de cualificación profesional inicial a tercer curso o mayores de 15 años que hayan cursada segundo así como la flexibilización del Bachillerato.
En Primaria, se dotaría a los centros "de los medios necesarios para que el alumnado que se considere necesario que permanezca un año más en el mismo ciclo, disponga de actividades específicas con el fin de que puedan superar las dificultades de aprendizaje detectadas", en particular en aspectos como la lecto-escritura y el cálculo, las destrezas y habilidades de trabajo o de estudio.
Los consejeros de Educación de las seis autonomías gobernadas por el Partido Popular, en voz del de la Comunitat Valenciana, Alejandro Font de Mora, cuestionaron a la salida de la reunión que "no se incluya de forma clara" en el documento ministerial los planteamientos exigidos con anterioridad por estas comunidades. Una de sus reivindicaciones es la reformulación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). En opinión del ministro Gabilondo "es una materia como las demás, no un problema educativo en España".
La representante de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, añadió que el documento no contiene las "reformas de calado" ni los mínimos para que se sumen al acuerdo. "El documento que ha presentado no contiene avances sustanciales ni unos mínimos que necesita el PP para sumarse a un gran pacto de Estado", subrayó.
Figar afirmó que ellos lo que piden son "aspectos importantísimos" como la libertad de elección de las familias, "tanto en su vertiente de elección lingüística como la vertiente de elegir el centro educativo". También abogan por garantizar el derecho a estudiar castellano; fortalecer las enseñanzas comunes de toda España "para no tener 17 sistemas y dar igualdad de oportunidades", por mantener los cuerpos nacionales de funcionarios docentes, y por que haya elementos básicos para mejorar la calidad del sistema" indicó. No obstante reconoció que de manera "aislada" pueden estar de acuerdo con algunas de las propuestas.
Por su parte, el ministro se mostró confiado en que el pacto que impulsa pueda estar aprobado a finales de marzo.

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InMACUlada del Rosal

Educación abrirá vías distintas según el nivel de los alumnos

El debate del pacto educativo

La última propuesta de Gabilondo se acerca a las ideas del PP, pero este partido se enroca en sus exigencias - El pacto cambiaría 21 artículos de la LOE

J. A. AUNIÓN - Madrid - 26/02/2010

 

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El documento que ha presentado el Ministerio de Educación para alcanzar un pacto educativo tiene como objetivo combinar equidad y excelencia, algo ambicioso y ciertamente complicado. Y lo hace acercando las posturas de quienes defienden a ultranza la educación inclusiva (igual para todos los alumnos hasta los 16 años) y los que quieren separarles en itinerarios mucho antes. ¿Cómo?

• Marzo es el límite

• Menos asignaturas en los primeros cursos de la ESO

Ángel Gabilondo

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El ministro advierte de que "no pondrá en peligro el consenso" existente

Todas las partes insisten en que el acuerdo todavía es posible

Explican desde el Ministerio de Educación que se trata de no renunciar a que todos los alumnos alcancen el mismo punto de llegada, pero que lo puedan hacer por caminos diferentes. Esto significa más programas de refuerzo y flexibilizar la atención. Eso, hasta los 15 años. En ese momento, se abren tres posibilidades para los estudiantes que vayan a repetir: hacerlo normalmente, ir a programas con contenidos suavizados y menos profesores o pasar a programas preprofesionales. Y para los que siguen hasta 4º de la ESO, habrá dos opciones: una orientada hacia la FP y otra, al Bachillerato. Pero todas ellas, insiste el Gobierno, dirigidas a sacarse el título de la ESO y seguir estudiando, al menos, hasta conseguir el Bachillerato o la FP.

Para el catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita, la profundización en estas medidas supone claramente una ruptura. Y un cambio que será sin duda polémico, ya que para algunos podría ocasionar la segregación del alumnado, mientras que para otros sectores, como el PP, no será suficiente. Habrá quienes "encuentran que la propuesta es demasiado próxima al PSOE" y quienes "entenderán que está cerca del PP", aseguró el ministro Ángel Gabilondo después de presentar el texto a las comunidades autónomas. Pero llegar a acuerdos consiste en eso, añadió.

De hecho, algunas de esas medidas requerirían cambiar la actual ley educativa (LOE), aprobada en 2006 por el Gobierno socialista. En total, el documento llevaría al cambio de 21 artículos de la LOE. Unos cambios que podrían seguir adelante aunque no se alcance el acuerdo, ya que "son los objetivos de la educación, con independencia de que haya pacto o no", dijo el ministro.

Y eso en un momento en que la segunda opción, la del no, gana fuerza por mucho que tanto Gabilondo como los consejeros de Educación, incluidos los del PP, insistan una vez más en que el acuerdo es posible. El PP rechazó el texto presentado por el Gobierno. "El documento no contiene avances sustanciales ni reformas de calado ni unos mínimos que necesita el PP para sumarse a un gran pacto de Estado", dijo la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar.

Así, los seis consejeros del PP ofrecieron al ministro un texto con las 10 medidas que tienen que incluirse para que los populares firmen. Se trata de un compendio de las reclamaciones que el principal partido de la oposición ha esgrimido desde el inicio del proceso. Muy difíciles, si no imposibles, de aceptar por parte de los socialistas. Por ejemplo, asegurar por ley la subvención para los colegios privados que tengan demanda, o que en aquellas comunidades con dos lenguas se usen ambas a partes iguales, cambiar los contenidos de Educación para la Ciudadanía o promulgar una Ley Orgánica de Medidas Urgentes para la cohesión y calidad del sistema educativo.

El ministro se comprometió a estudiar esas exigencias "con seriedad", pero advirtió de que en ningún caso pondrá "en peligro el consenso logrado hasta ahora", y añadió que "todo el mundo ha renunciado y todos han logrado muchas cosas". Gabilondo insistió en llevar el pacto al ámbito puramente educativo -"la OCDE no habla de Educación para la Ciudadanía cuando diagnostica la enseñanza española", dijo- y recalcó que los 12 objetivos marcados en el documento que ha presentado han concitado "un amplio consenso".

El texto, de 37 páginas y 137 medidas, es el resultado de las aportaciones de comunidades autónomas, grupos políticos y organizaciones sindicales educativas, entre otros, a la propuesta presentada a finales de enero para iniciar el debate. Gabilondo volvió a insistir, como ya hizo con aquél, en que se trata de un texto de acuerdo, no de un documento del ministerio o del PSOE. Además, aseguró que hay mucha más concreción que en el anterior, algo con lo que no está de acuerdo, por ejemplo, el presidente de la asociación de directores de centros públicos Fedadi, José Antonio Martínez.

En cualquier caso, algunas de las medidas se han modificado, otras se han añadido y otras, matizado. Así, aparte de las iniciativas señaladas más arriba, destaca que los centros podrán agrupar materias para reducir su número en los primeros cursos de la ESO; que se establecen evaluaciones nacionales de diagnóstico a todos los alumnos de todos los centros, la flexibilización de los caminos de ida y vuelta entre la ESO, la FP, el Bachillerato y la Universidad. Además, se revisará, sin más detalles, la estructura del Bachillerato o la bestia negra: la escolarización de todos los alumnos, también los más difíciles, bien distribuidos entre todos los centros, los públicos y los concertados, dando a estos últimos los medios que necesiten para atenderlos. Este punto es un clásico en las negociaciones de todas las leyes educativas.

Además, el blindaje a los cambios normativos es aún mayor, ya que no sólo precisarán el apoyo de dos tercios de los parlamentarios, sino también dos tercios de los grupos políticos del Congreso y del Senado. Sigue sin concretarse la financiación.

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InMACUlada del Rosal

DEBERÁN TENER 18 AÑOS Y UN MÁXIMO DE CINCO MATERIAS PENDIENTES

Nueva oportunidad para que los alumnos obtengan el título de la ESO

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La Comunidad ofrecerá a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que hayan acabado esta etapa educativa sin titular, una nueva posibilidad para obtener la titulación de Graduado en ESO. La Consejería de Educación convocará unas pruebas anuales para que estos alumnos puedan superar las materias pendientes, siempre que el número de estas no sea superior a cinco.

Los requisitos que han de reunir los alumnos para poder presentarse a estas pruebas son tener 18 años y un máximo de cinco materias pendientes de calificación positiva de cualquiera de los cursos de la etapa. Los alumnos sólo podrán presentarse a estas convocatorias anuales durante los dos años siguientes al de finalización en régimen ordinario de la ESO. Aquellos que mediante estas pruebas superen todas las materias pendientes, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Quienes deseen realizar estas pruebas, que se celebrarán en los centros en que cada uno finalizó la etapa de ESO, deberán presentar la solicitud de matriculación en el centro docente en el que se cursaron, como último año de permanencia en régimen ordinario, el cuarto curso de la ESO o el segundo curso de diversificación curricular. Los centros publicarán con antelación los plazos de presentación de solicitudes y el calendario de las pruebas.

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InMACUlada del Rosal

CSIF presenta un programa pionero para mejorar y difundir la seguridad de los menores en Internet

El proyecto se presentó en las jornadas nacionales de Enseñanza del sindicato celebradas en Santander

   SANTANDER, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

   CSIF ha desarrollado, en colaboración con Microsoft, un programa para difundir entre profesores, padres y alumnos, el uso "seguro y responsable" de Internet entre los menores ya que, según aseguró en Santander el presidente del sector nacional de Enseñanza del sindicato, Eliseo Moreno, "hay más casos de ciberacoso escolar de lo que se dice".

   Moreno realizó estas manifestaciones en la clausura del Encuentro Nacional que el sector de Enseñanza de CSIF ha celebrado en la capital cántabra bajo el título 'Por una educación de calidad' en donde se han abordado, entre otras cuestiones, los principales problemas que sufren los docentes y se han elaborado las propuestas para solicitar un Pacto nacional por la Educación.

   El máximo responsable de Enseñanza del sindicato destacó que este programa para navegar seguro por la red es pionero en España y pretende proporcionar herramientas a los usuarios para evitar que los menores sufran ciberacoso, tanto por parte de otros alumnos como de adultos.

   Moreno indicó que los casos de ciberacoso "van en aumento", tanto de adultos hacia niños como entre los propios escolares, un problema que, dijo, "según nos cuentan los docentes, es mucho mayor de lo que reflejan los Observatorios de Convivencia Escolar".

   Para el sindicato, este problema es grave ya que "los jóvenes deben saber que cuando cuelgan determinadas cosas para mofarse de alguien en una red social están cometiendo un delito", agregó.

   En las jornadas se abordaron también cuestiones como la desmotivación del profesorado o la violencia de baja intensidad que viven muchos docentes en las aulas (insultos, desprecios o malas contestaciones entre otros) que se registran sobre todo en la Enseñanza Secundaria y que "socavan la autoestima del docente y provocan un elevado índice de depresiones".

   Por ello, subrayó Moreno, es fundamental recuperar la motivación del profesorado para el ejercicio de la docencia, y eso pasa por el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado en el ejercicio de la enseñanza.

   En este encuentro, en el que han participado 150 expertos de toda España, se han analizado las propuestas que el sindicato ha presentado al Ministerio de Educación para mejorar la calidad de la enseñanza sobre todo en Secundaria que, a su juicio, debe centrarse en una mejora de la Formación Profesional y en la implantación del Bachillerato de tres años, así como la regulación de la carrera profesional de los docentes, la promoción entre los distintos cuerpos o la prórroga de la posibilidad de jubilación anticipada prevista en la LOE y que finaliza en 2011.

   Asimismo, el sindicato recordó que en los últimos 19 años se han publicado cinco Leyes Orgánicas de Educación, por lo que el sistema educativo "ha estado sumido en un continuo cambio e incertidumbre en un debate perpetuo donde los intereses partidistas han estado por encima de los intereses generales".

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LUCIA FIGAR_"Habrá pacto si hay consenso en el mérito, el esfuerzo y la autoridad"

LUCIA FIGAR

El País_PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 22/02/2010

 

Las comunidades tienen en sus manos, en buena medida, la suerte del acuerdo. Madrid es un bastión del PP.

Las comunidades autónomas tienen un papel crucial en el pacto educativo que negocia el Gobierno; de ellas depende la inmensa mayoría del gasto en enseñanza y la puesta en marcha real de cualquier política o medida. El documento de 104 medidas del Ministerio de Educación para empezar a concretar el pacto se presentó a las comunidades a finales de enero, y el siguiente texto se les presenta esta semana.

"Unificar la enseñanza hasta los 16 no es equidad, es igualitarismo"

"No veo mal dar incentivos a los centros si hay una financiación básica"

En ese contexto, Madrid se alza como un bastión del PP. Su ley de autoridad del profesor, pendiente de aprobación, inspira parte de la propuesta popular para el pacto. Madrid defiende y aplica la libertad de elección de centros a la que el PP no está dispuesto a renunciar. Lucía Figar (Madrid, 1975) lleva tres años al frente de la Consejería de Educación madrileña.

Pregunta. ¿Saldrá adelante el pacto?

Respuesta. El documento del ministerio es desalentador, muy continuista con el modelo educativo en vigor durante 25 años. No se advierten reformas en profundidad. Pediría al ministerio que fuera más ambicioso y reformista en próximos borradores.

P. ¿Qué partes son irrenunciables?

R. Le respondo al revés. No vamos a firmar un documento y a hacernos la foto para que no cambie nada. De alguna manera, se pide al PP que vote la LOE [Ley Orgánica de Educación] cuatro años después. Proponemos tres principios esenciales que se pueden articular de muchas maneras: mejorar la calidad de la educación con los principios del mérito, el esfuerzo y la autoridad del profesor; la libertad de elección de las familias y fortalecer enseñanzas comunes para lograr igualdad de oportunidades. Si hay consenso en eso, habrá fácilmente acuerdo.

P. ¿Podría quedar fuera la enseñanza del castellano?

R. Cuando se busca un pacto de Estado con mayúsculas, hay que resolver precisamente los temas polémicos, los que nos distancian. Mariano Rajoy ya ha anunciado que lo primero que hará si es presidente del Gobierno es reforzar la enseñanza en castellano en toda España. Dejar fuera un principio defendido por el PP en todo el país hace difícil el pacto. Otra cosa es buscar acuerdos parciales en asuntos en los que estamos menos distanciados. Fue la LOE la que estableció un mínimo de tres horas de castellano a la semana y luego la ley catalana de educación lo dejó en dos. Un Gobierno socialista de Cataluña hizo una normativa en contra de la ley nacional de su partido. El propio PSOE tampoco tiene clara en su seno esta cuestión.

P. ¿En qué materias puede haber acuerdos parciales?

R. Hay un aspecto en el que sí se puede advertir una voluntad de rectificación por parte del Gobierno: las reformas necesarias en el ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Si la secundaria es una carretera, el punto negro está en 3º de la ESO. Ha habido un empeño histórico en unificar totalmente las enseñanzas hasta los 16. No hablo de la obligatoriedad, que defiendo, pero unificar las enseñanzas hasta los 16 años de manera uniforme y rígida en pos de una pretendida equidad, no es equidad, es igualitarismo, un pariente del fracaso escolar.

P. ¿Cómo resolver el fracaso?

R. Hay que trabajar desde primaria. Pero el verdadero punto negro es la secundaria. En muchos centros de secundaria e institutos no existe ni siquiera el clima propicio para dar las clases. ¿Cómo vamos a plantear mejorar la calidad y el rendimiento cuando muchos profesores gastan un tercio del tiempo de clase en mandar callar o la mitad en conseguir orden? Esto es lo que hemos querido arreglar con la ley de autoridad del profesor.

P. Madrid ha reducido este año un 6% el presupuesto en formación profesional, miles de alumnos han quedado en lista de espera. ¿Cómo se puede mejorar la FP bajando los presupuestos?

R. Los presupuestos de las comunidades y la mayor parte de las administraciones educativas han bajado por la crisis. Madrid ha hecho un esfuerzo por prestigiar la FP. Es cierto que antes de verano hubo alumnos que quedaron sin la primera opción, pero se corrigió en septiembre. Está bien poner más recursos para prestigiar la FP. Eso es competencia de las comunidades, pero se necesitan cambios normativos que esperamos que estén en el acuerdo.

P. La partida para FP ha bajado más que el presupuesto global de su consejería. ¿Eso no supone una falta de apuesta?

R. Una cosa son los medios y otra los objetivos que se persigan. Lo importante es si las titulaciones han perdido calidad y cuánta gente se ha quedado sin plaza. Hemos hecho un esfuerzo por mejorar titulaciones y abrir centros.

P. Los socialistas les acusan de intentar más privatización tras la libertad de enseñanza.

R. La privatización vale para todo. Vale para el Plan Bolonia, para la ley catalana de educación, para la gestión indirecta... Cuando nos acusan de privatizar en Madrid se refieren a la escuela concertada. Defendemos la libertad de elección y eso implica adecuar la oferta a las preferencias de las familias. En esta legislatura hemos abierto 160 centros públicos y 24 concertados. Es un porcentaje bastante equilibrado.

P. ¿Financiará los centros en función de los resultados?

R. No es algo en lo que trabaje la consejería actualmente, aunque sí una propuesta del PP en el pacto. No me parece mal que haya sistemas de incentivos, siempre que esté garantizada una financiación básica para que los centros funcionen. Hablo de incentivos para programas de convivencia o de mejora de calidad. Podrían darse en función de los resultados académicos o de un plan de objetivos consensuado entre los centros y la Administración.

P. ¿Educación para la Ciudadanía puede quedar fuera?

R. El PP ha dejado muy claros los temas que considera imprescindibles. Sobre esos principios se puede hablar de propuestas concretas. El PP renuncia a eliminar la asignatura, se pide que se transforme en filosofía en Bachillerato y un cambio de contenidos que evite riesgo de adoctrinamiento.

P. ¿Puede quedar fuera entonces?

R. Hay reformas imprescindibles y otras que no lo son.

Los sindicatos se mostraron hoy divididos ante el borrador del proyecto de Ley, presentado en la Comunidad Valenciana

    MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los sindicatos se mostraron hoy divididos ante el borrador del proyecto de Ley, presentado en la Comunidad Valenciana, segunda región que se adhiere a la propuesta tras la Comunidad de Madrid, para reconocer a los docentes como autoridad pública y garantizarles una "adecuada defensa jurídica y protección" en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones.

   En declaraciones a Europa Press, la portavoz del sindicato de enseñanza ANPE, Carmen Guaita, calificó la medida de "absolutamente positiva" pues, en su opinión, contribuirá a mejorar la convivencia en las aulas. "Pedimos al resto de comunidades que comprendan que este reconocimiento reforzará la educación y se unan a un proceso que será imparable", auguró.

   Mientras, el presidente de ANPE-Valencia, Antonio Ponce, consideró que la referencia a la autoridad moral del profesorado que recoge el documento de medidas del Gobierno "se queda corta". "No hay que confundir autoridad con autoritarismo. La aprobación de esta ley no supondrá ningún paso atrás ni tendrá referencias al pasado", aseguró.

   Sin embargo, para el secretario general de CC.OO-Enseñanza, José Campos, el comportamiento de Madrid y Valencia es un "desatino" pues, a su juicio, "utilizar la figura del profesor de forma demagógica es un error total". "Nosotros estamos a favor de reconocer su autoridad, pero el camino que han tomado estas autonomías no es el correcto", criticó.

MADRID Y VALENCIA "ACTÚAN POR SU CUENTA"

   En su opinión, con la formulación del Pacto Educativo, el ministro ha abierto un diálogo, en el que tienen cabida "todas las propuestas", por lo que es fundamental que estas dos autonomías "se integren en el acuerdo estatal para llegar a un consenso y que no actúen por su cuenta". "Plantean el tema pero no ofrecen soluciones para mejorar el servicio ni las plantillas en los centros", denunció.

   Por su parte, el portavoz de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, Carlos López, propuso a los consejeros que lleven estas reivindicaciones a la próxima Conferencia Sectorial de Educación, para que se incluya en el marco de una norma básica estatal, en vez de tomar una decisión propia de carácter autonómico.

   "Lo que recoge el borrador del Gobierno no es contradictorio con lo que piden estas dos comunidades porque plantea reforzar su autoridad, pero se queda en una mera declaración de intenciones que hay que concretar para dignificar la profesión docente y disuadir posibles agresiones", concluyó.

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InMACUlada del Rosal

El PP valora las propuestas de Madrid y Valencia para dar autoridad al profesor, pero dice que son "insuficientes"

El PP valora las propuestas de Madrid y Valencia para dar autoridad al profesor, pero dice que son "insuficientes"

   MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -


   El portavoz de Educación del PP en el Congreso de los Diputados, Juan Antonio Gómez Trinidad, valoró hoy la iniciativa de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para otorgar al profesorado la condición de autoridad pública mediante una ley, pero cree que ésta es "insuficiente" porque, a su juicio, lo que los docentes necesitan es una norma orgánica que regule la situación de este colectivo "a nivel nacional".

   En declaraciones a Europa Press, el diputado 'popular' dijo que si bien considera que las iniciativas de las dos regiones gobernadas por el PP son de "sentido común" y están "cargadas de buena voluntad", a nivel penal, "no son efectivas y serán insuficientes" si no se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOE). Esta reforma la propuso este grupo parlamentario el pasado mes de octubre, pero no salió adelante porque sólo obtuvo el apoyo de UPyD.

   "Como a nivel nacional el PSOE lo ha paralizado, algunas comunidades autónomas han intentado poner remedios", aseveró Gómez Trinidad, tras conocer el borrador del anteproyecto de ley que este miércoles ha presentado la Comunidad Valenciana para reforzar la autoridad de su profesorado. En la Comunidad de Madrid el anteproyecto de ley ya se encuentra en la Asamblea madrileña para su debate.

   Cuando el Gobierno madrileño anunció esta medida a mediados del mes de septiembre, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ya advirtió de que una ley como ésta a nivel nacional debía debatirse en el seno del Pacto Social y Político por la Educación y dijo al PP en la Cámara baja que dotar al profesorado de la condición de autoridad pública tiene unos efectos administrativos y legales que necesitan una "profunda reflexión".

   Tras el rechazo en el Congreso de la iniciativa del PP para regular la autoridad mediante una ley orgánica, el titular de Educación indicó entre sus propuestas para el pacto educativo, que presentó recientemente, "apoyar y reforzar la labor del profesor, promover su reconocimiento y su autoridad moral y profesional en el ejercicio de sus funciones", pero sin citar la posibilidad de debatir sobre una ley.

   Asimismo, Gabilondo propuso con su borrador la realización de campañas para aumentar la consideración social del profesorado, "reconociendo y valorando su labor como elemento indispensable en nuestra sociedad".

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InMACUlada del Rosal

El TSJM anula los criterios aplicados para la admisión de alumnos en colegios y guarderias

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MADRID – 05/02/2010 22:00

Aguirre, con la consejera de Educación, Lucía Fígar.

El Gobierno de Esperanza Aguirre acaba de recibir la novena sentencia en contra de sus políticas educativas en el plazo de un año. En la última, a la que ha tenido acceso este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)acepta el recurso del Ayuntamiento de Parlacontra el criterio de admisión de alumnos en los colegios de la localidad establecido por la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Fígar.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM anula la orden emitida por Fígar en marzo de 2008 que regulaba el acceso de escolares en escuelas infantiles de la red pública y concertada de la Comunidad de Madrid para el curso 2008-2009. El tribunal toma esta decisión porque Educación no quiso contar con la opinión del consistorio parleño, a pesar de que "resulta indiscutible" que era necesario escuchar su criterio.

La norma impugnada le imponía al Ayuntamiento de Parla obligaciones de admisión que iban en contra de su criterio pero "no fue oído [...] pese a tener un interés directo en el asunto".

La sentencia recoge las razones del consistorio que entonces dirigía Tomás Gómez, actual líder de los socialistas madrileños, para recurrir una norma que a su entender "segregaba" a los alumnos en función de su extracción socioeconómica.

Discrimina a las familias

Con los baremos establecidos por la Consejería de Educación "se conculca el derecho de libre elección del centro" que tienen los padres, ya que obligaba a acudir a la escuela de titularidad municipal que se encontrara más cercana al domicilio de la familia, en lugar de otra de titularidad autonómica o concertada. De este modo, según figura en la sentencia, se generaba "una discriminación en el derecho de las familias".

La Comunidad de Madrid no incluía a los centros de la red concertada en el programa informatizado de gestión de la escolarización, dificultando el acceso de los padres a esos centros. Esto, sumado a los baremos, provocó "perjuicios de carácter social" y "gran confusión entre los ciudadanos".

Esta sentencia del TSJM se suma a otras ocho anteriores que ha ido recibiendo en contra la Consejería de Educación madrileña en los últimos meses. Estos fallos han corregido desde la política salarial de los docentes de la red de colegios concertados hasta la privatización injustificada del colegio Miguel Ángel Blanco de El Álamo. Este último asunto motivó el jueves una concentración sindical frente a la Asamblea de Madrid que demandaba la dimisión de Lucía Fíg

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CSIF DENUNCIA SABOTAJES DOCENTES_TV

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