Además, la tasa de reposición volverá ser cero en las administraciones salvo para colectivos como fuerzas de seguridad del Estado u otros dedicados a la inspección del fraude fiscal, catálogo al que se han añadido dos colectivos más a los que ya se habían fijado para 2012.
Además, si para estos últimos se había reducido la oferta de empleo público al 10% en 2012, para el próximo año ésta podrá ser incluso inferior, según decida cada organismo, pasando ese 10% a ser un límite máximo.
Otras de las medidas avanzadas, han sido la previsión de no contratación de nuevos empleados, ni por contrato temporal ni interinos, en las administraciones o la supresión de prestaciones sociales para los mutualistas del Muface. Concretamente, se trataría de pensiones de viudedad anteriores a 1984 de clases pasivas o la retirada de complementos a mínimos en la pensión al personal del servicio exterior, a los que además no se les pagará el viaje que hasta ahora se les costeaba para pasar la Navidad en España.
Según cálculos de los sindicatos, estos nuevos recortes, sumados a la puerta que la reforma laboral abre a los despidos en las administraciones, podrían derivar en la pérdida de hasta medio millón de empleos en el sector público, que se sumarían a los casi 200.00 empleos que se han perdido en el último año, sin contar las no contrataciones.
LOS SINDICATOS NO SE FÍAN.
En cualquier caso, los sindicatos no se fían y creen que los recortes pueden ser mayores una vez se plasmen en los Presupuestos, en tanto que durante la reunión, a la que no acudió el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en representación del Gobierno, sino la secretaria general de la Función Pública, Carmen Sánchez, no se les ha entregado ningún documento con los detalles de estas medidas, ni se les ha comunicado tampoco cuándo verán compensada la paga extra que no cobraron en diciembre de 2012.
Además, los sindicatos han salido decepcionados tras la reunión y han denunciado que el Gobierno no ha planteado ningún debate, sino que se la limitado a poner sobre la mesa una serie de recortes impuestos.
Así, el presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha señalado que el "Gobierno se ha limitado a comunicar lo que va a pasar con los empleados públicos en los próximos Presupuestos".
"Nuevamente volvemos a perder poder adquisitivo y volvemos a ser paganos de la crisis", ha señalado para añadir, la congelación de la tasa de reposición repercutirá en la calidad de los servicios público.
El responsable de la federación de la Función Pública, Enrique Fossoul, ha señalado que el Gobierno ha dado "otra vuelta de tuerca" con congelaciones salariales y de la oferta de empleo público por tercer año consecutivo, que, según dijo, supondrá "más desprofesionalización" e "incertidumbre".
"Hay un intento muy claro del Gobierno de rendir cuentas a la patronal, que es quien le dicta la política para privatizar servicios públicos", añadió, para apostillar que "es más de lo mismo".
Para terminar, señaló que el Gobierno "se ha burlado del derecho de negociación y lo han transformado simplemente en un proceso de información".
Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT, Mª Carmen Barrera, denunció que el Gobierno ha convocado la mesa de negociación "no para negociar, sino para comunicar". "No hemos conseguido que se habrá un proceso de negociación colectiva", añadió.
NUEVAS MOVILIZACIONES EL 28 DE SEPTIEMBRE.
Preguntados por la respuesta que cabe esperar por parte de los trabajadores del sector público, Barrera ha recordado que los sindicatos hoy presentes en la reunión están inmersos en una plataforma sindical, que aglutina a 26 organizaciones y que tiene convocada un calendario de movilizaciones permanente, en la que se incluye nueva movilización el próximo 28 de septiembre, ante el Ministerio de Economía, para protestar contra el contenido de estos Presupuestos.
"Estamos en conversaciones con el resto de las organizaciones sindicales porque queremos que esto tenga la mayor repercusión", completó Borra, mientras que Fossoul avisó que desde CC.OO se va a incentivar la participación de los empleados públicos en la movilizaciones convocadas.
