Miércoles , 28-10-09
EL pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer una proposición de ley del Grupo Popular para que los profesores y maestros sean considerados como «autoridad pública» en el ejercicio de sus funciones. El texto proponía de forma muy razonable que las agresiones contra los docentes pudieran ser tipificadas como delitos de atentado, con el correspondiente agravamiento de las penas. Las razones formales aducidas por el PSOE para rechazar esta iniciativa han venido acompañadas por las declaraciones del ministro Ángel Gabilondo reiterando su apoyo al profesorado y asegurando que el Pacto por la Educación «progresa adecuadamente» gracias a la voluntad de los diversos grupos parlamentarios. Sin embargo, convendría empezar ya a tomar medidas concretas frente a la indisciplina y la violencia escolar que convierte en un auténtico infierno el día a día de muchos docentes españoles. ABC ofrecía ayer algunos testimonios significativos, que van desde la alumna que se niega a salir de clase y lanza una silla contra el profesor, hasta los docentes que prefieren mirar a la pizarra para ocultar sus lágrimas ante los insultos que reciben.
Es hora, en efecto, de hacer frente a un problema muy grave, que se complica todavía más cuando los padres apoyan a sus hijos o se convierten ellos mismos en agresores. Las buenas palabras no son suficientes porque el tiempo pasa y las circunstancias políticas hacen cada vez más difícil suponer que llegue a producirse en la práctica ese pacto que reclama con urgencia la comunidad escolar. La escuela debe transmitir unas pautas al menos elementales de comportamiento cívico, y si fracasa en este objetivo es absurdo luego rasgarse las vestiduras ante los episodios de violencia juvenil que pretenden imponer la ley del más fuerte. A día de hoy, nadie pone freno a una agresividad verbal y física que atemoriza a los profesores y transmite a los adolescentes el mensaje muy negativo de que la sociedad es vulnerable ante sus chantajes y amenazas. El sindicato Anpe realiza constantes denuncias ante el Defensor del Pueblo y otros afectados acuden incluso a los tribunales, sin conseguir resultados eficaces. Al margen de la aritmética parlamentaria, el compromiso de unos y de otros es atender estas reivindicaciones justas y legítimas que apuntan a uno de los problemas capitales de la enseñanza en nuestro país. Sin respeto no hay democracia posible, y ya es hora de que la escuela transmita con todo rigor hábitos razonables para la convivencia social.
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