Miguel Borra ha querido echar por tierra, la percepción del resto de la sociedad de que entre los funcionarios hay tendencia al absentismo laboral, a quedarse en casa, "esa es una de las cosas que más nos preocupan. Los ciudadanos deben sabe es que un empleado público, igual que otro trabajador para coger una baja laboral debe estar firmada por un facultativo, por un médico, es decir, que no es que no queramos ir a trabajar y nos cojamos en ese momento la baja. La cifra de absentismo laboral en la Administración española es similar al del resto de administraciones de la Unión Europea".
El sindicato de funcionarios asegura que "tenemos la sensación de que nuevamente se nos quiere utilizar como cortina de humo. La repercusión económica que esta medida va a tener, al margen de la individual que si va a ser importante, va a ser una repercusión que ni siquiera el propio Gobierno ha sido capaz de cuantificar, porque no se sabe. Cuando un empleado público esté malo tendrá que cogerse una baja".
Insiste Borra, presidente del CSIF, que "lo que nos preocupa es que después de varios años de crisis, en esas medidas que se mandan a Europa, a Bruselas se reconoce que las embajadas de las CC.AA. en el exterior nos cuestan 150 millones de euros, se reconoce que las empresas públicas tienen una deuda de 56.000 millones de euros y debemos empezar a pensar que los 15.000 millones que se gastó el anterior Gobierno en el Plan E, coincide exactamente con el deficit que tiene la Sanidad Pública, que viene generado por políticas irresponsables de nuestros administradores públicos".
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