Piden asilo para la escuela pública madrileña ante la ONU
16 Octubre
Mediante una carta, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos solicita a la Asamblea General de Naciones Unidas "ejercer el derecho de asilo a favor de la Educación Pública de la Comunidad de Madrid".
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos ha presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una petición de asilo para la Educación Pública, alegando que la Comunidad de Madrid vulnera los derechos humanos al llevar a cabo una "persecución expresa" de esta opción educativa.
"En el caso que nos ocupa, supone una persecución expresa a la Educación Pública en la Comunidad de Madrid y de todas aquellas personas que defiendan su existencia y demanden un cambio en las actuaciones del Gobierno regional para que dicha persecución deje de existir", alega.
Así, la Giner de los Ríos apela a la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la ONU y en la que se recoge explícitamente que "toda persona tiene derecho a la educación, que debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental".
Frente a este principio, la FAPA entiende que el Gobierno madrileño "vulnera el derecho a la educación gratuita al fomentar explícitamente el pago de la misma y la desaparición de dicha gratuidad" a la vez que "rechaza el sistema educativo público".
Asimismo, según la FAPA la Comunidad también "niega el derecho preferente de los padres y madres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, si en el ejercicio de su derecho eligen la educación pública" y "obvia su obligación de garantizar un orden social en el que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivos".
Sin embargo, según alega la FAPA, "el actual Gobierno regional de la Comunidad de Madrid no considera a todos los seres humanos iguales en dignidad y derechos, decantándose por aquéllos que tienen superioridad económica".
Además, asegura que el Ejecutivo autonómico "niega el derecho de las personas a la propiedad colectiva, en este caso a la escuela pública, y priva arbitrariamente de su propiedad a la sociedad madrileña al privatizar lo que es público para entregarlo arbitrariamente a manos privadas".
También se asegura que el equipo de Esperanza Aguirre "limita el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión y de expresión con las instrucciones que traslada, especialmente de forma verbal" e "interfiere en la vida de las personas al molestarlas por causa de sus opiniones, a quienes denigra públicamente si no coinciden con las suyas".
"(La Comunidad de Madrid) impide la difusión de información a las familias, en este caso sobre la situación actual de los centros educativos y de los perjuicios ocasionados por sus propias actuaciones; impide el ejercicio del derecho a la libertad de reunión al dar instrucciones para que se prohíban las asambleas conjuntas de las comunidades educativas; y deslegitima a quienes intentan participar en el gobierno de su país de forma directa o por medio de representantes diferentes a los que comparten su ideología", continúa la misiva.
Finalmente, la FAPA argumenta que, dado que España firmó la Declaración de los Derechos Humanos y que la Comunidad de Madrid pertenece a España, "el Gobierno regional debe cumplir y hacer cumplir lo expresado" en dicho documento en lugar de efectuar una "persecución expresa" a la educación pública.
Sindicato de Estudiantes entregará una carta a Aguirre pidiendo la readmisión inmediata de los 3.200 interinos
MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Huelga de estudiantes de Madrid y el Sindicato de Estudiantes entregarán este miércoles una carta a la atención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, pidiendo la readmisión inmediata de los 3.200 profesores interinos "despedidos".
Aprovechando una concentración que tendrá lugar a las 12 horas frente a la Consejería de Educación, el sindicato entregará esta misiva en la que declaran que "redoblarán" su movilización hasta "alcanzar las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa, fortaleciendo la unidad de acción con los profesores y los padres".
Al mismo tiempo, exigen a la Consejería de Educación y al Gobierno de la Comunidad de Madrid una reunión urgente para abordar las reivindicaciones del movimiento estudiantil madrileño y que se sintetizan, además de la readmisión de interinos, en el incremento "drástico e inmediato de la inversión en la escuela pública".
"El Gobierno de la Comunidad de Madrid sólo dedica un 1,8 por ciento del PIB regional a la enseñanza pública cuando para garantizar su calidad, con medios materiales y humanos suficientes, es necesario alcanzar el 7 por ciento", han señalado.
También rechazan la masificación y abogan por la contratación de los profesores necesarios para que las aulas de la ESO no tengan más de 25 alumnos por clase y los de Bachillerato un máximo de 30. "Ni un solo no admitido en FP. Cada año son miles los estudiantes que se quedan sin plaza en los módulos que quieren estudiar por no haber una oferta pública suficiente, tanto en Grado Medio como en Grado Superior", han lamentado.
Asimismo, apuestan por la contratación del personal de apoyo suficiente. En concreto, hablan de contratación de psicólogos, pedagogos y personal de apoyo y orientación "necesario para garantizar los refuerzos precisos y ayudar a los estudiantes con más dificultades".
"Basta de recortes en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en la educación Primaria y en la Infantil. Por la dignificación de todos los tramos educativos públicos", continúan con sus reivindicaciones, que también pasan por no dar "ni un euro del dinero público a la escuela privada".
Sus peticiones pasan también por sacar la religión de las aulas "en defensa de la enseñanza pública laica". "Los estudiantes no necesitamos que las aulas se utilicen como púlpito para ganar nuevos adeptos, lo que necesitamos son desdobles de idiomas, laboratorios, bibliotecas bien dotadas y profesores suficientes", apuntan.
Esta plataforma ha sido planteada por el Sindicato de Estudiantes y aprobada en las asambleas celebradas en decenas de centros públicos y por los delegados estudiantiles que han participado en las reuniones del Comité de Huelga de estudiantes de Madrid, pertenecientes a distintos IES de la Comunidad.
Cisma sindical por el paro en Primaria
CARLOS HIDALGO / MADRID
Día 15/10/2011
Comienzan las disensiones entre los sindicatos de Enseñanza madrileños. El sector más radical, representado por CC.OO., UGT y STEM, ha extendido el paro previsto en Secundaria a todos los estadios educativos de los centros públicos; es decir, los ciclos formativos que van de los 3 a los 18 años. La ruptura de la unidad sindical se ha materializado, con la frontal oposición de las otras dos centrales, ANPE y CSI-CSIF, que mantienen que el paro sea sola y exclusivamente en Secundaria, como ha ocurrido hasta el momento. Esta falta de acuerdo es una muestra, según la Consejería de Educación, de que todo responde a una huelga política, al haber rechazado los sindicatos profesionales la pretensión de los sindicatos de clase, indicaron fuentes regionales.
Todos los sindicatos implicados se reunieron ayer por la mañana para decidir un nuevo calendario de movilizaciones. En el aire estaba ya la posibilidad de ampliar los paros que se llevan convocando a otros ciclos, no sólo al de Secundaria. Al término de la reunión fue ANPE el primero en dar a conocer su postura: bajo el epígrafe «Educación Primaria: movilizaciones, sí; huelga, no», el sindicato, uno de los de mayor implantación en la Comunidad de Madrid, dejaba clara su posición. «Si bien existen razones para el descontento en el Cuerpo de Maestros, ANPE no considera oportuno extender la convocatoria a este colectivo», explicaba en un extenso comunicado.
«Lo consideramos inapropiado, pues no deseamos tensionar más el conflicto abierto en la enseñanza pública —dice ANPE—, aunque instamos a los docentes de Primaria a secundar cuantas movilizaciones se convoquen de manera unitaria por los sindicatos de la Enseñanza». Establecen como margen el tiempo que tarde «la Consejería de Educación en abrir una vía de diálogo con los representantes del profesorado».
650.000 alumnos afectados
Es decir, que se oponía a la decisión de los más radicales. Porque, al llevar los paros también a Infantil y Primaria, cerca de 49.000 profesores de unos 760 centros públicos están llamados a la huelga. Y, por lo tanto, el número de alumnos afectados se dispara a los 650.000. La del próximo día 20 es ya la sexta jornada de protestas en el último mes.
¿Por qué esta decisión ahora? Desde CC.OO. explicaron a Efe que los docentes de todos los colegios públicos «lo estaban pidiendo», puesto que los recortes también les han afectado, aunque en menor medida. Argumentan los sindicatos que Infantil y Primaria también han sufrido «un deterioro» similar en cursos anteriores y que en el actual cuentan con cerca de 500 profesores menos.
En Secundaria, donde está el germen de la protesta, la ampliación de 18 a 20 horas lectivas por profesor supone la no contratación de 3.000 interinos, siempre según la versión sindical; la Consejería de Educación, por contra, insiste en que este curso se van a contratar a unos 800 de estos docentes.
«Teloneros de Rubalcaba»
Además de la convocatoria para el día 20 de octubre, los sindicatos (esta vez, todos) se pusieron de acuerdo ayer para otras dos jornadas de protesta, sólo en Secundaria, los días 3 y 23 de noviembre.
Para la consejera de Educación, Lucía Figar, «los sindicatos profesionales se han desmarcado de los paros convocados por CC.OO y UGT en la educación Infantil y Primaria para el día 20, lo que deja al descubierto que son huelgas políticas convocadas para desgastar a un Gobierno del PP en plena campaña electoral».
«CC.OO y UGT —añade— son los teloneros de Rubalcaba. No les importa la calidad de la enseñanza ni que los alumnos pierdan horas. Su única intención es utilizar la escuela pública para alentar huelgas políticas y agitar la calle contra un partido».
4000 profesores valencianos no cobran su nómina
El sindicato CSIF se ha puesto al frente de la denuncia por la cual se ha revelado que 4.000 profesores no han percibido su última nómina. Entre ellos se encuentran inspectores en prácticas, pero también docentes que no han recibido su salario por "incindencias retributivas", según el sindicato, que esperan sean subsanadas de inmediato.
Los profesores valencianos no han cobrado su nómina
La aplicación que regula el pago de las nóminas a los docentes fue cerrada el pasado 10 de septiembre, según el CSIF, y esto ha provocado que los interinos no hayan cobrado sus nóminas por el momento.
La aplicación cerró en la fecha indicada cuando algunos de los interinos todavía no habían sido contratados o acababan de serlo y no fue posible que hicieran la pertinente entrega de documentos, que el CSIF aprovecha para calificar de "confusa" en sus criterios.
Interinos e inspectores sin cobrar en la Comunitat
Además de los interinos, 46 inspectores en prácticas también se han visto afectados por el cierre del sistema y no han cobrado todavía su nómina correspondiente, llegando a día 18 de octubre y estando más cerca el vencimiento del siguiente mes sin que la Conselleria o la Generalitat hayan dado ninguna solución al problema.
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