Soy funcionario, de los que han visto reducido su salario de forma inequitativa (recuérdese que al aplicar el recorte salarial solo se tuvo en cuenta el grupo al que pertenecía el empleado público y no su salario real) y compruebo cómo desde muchos medios de comunicación se incita a que se apliquen nuevos recortes. ¡Qué gratuito resulta pedir esos recortes para los demás! Al realizar esta petición probablemente se presuma contar con el beneplácito de una parte importante de la sociedad que ve a los funcionarios como un colectivo que, al disponer de empleo fijo, puede y debe aguantar sacrificios sin límite. ¿No sería más justo y razonable que, en caso necesario, esos sacrificios se distribuyesen de forma equitativa entre toda la población en función de su capacidad económica en lugar de perjudicar continuamente al mismo colectivo?
Me temo que tras estas decisiones subyace la idea de ir deteriorando poco a poco los servicios públicos para, a continuación, decir que no funcionan y que, por tanto, no queda otro remedio que concertarlos o privatizarlos. ¿O es qué alguien cree que a personal tan cualificado como médicos o profesores se les puede empeorar continuamente sus condiciones laborales sin que ello repercuta en su moral, su motivación y, por ende, en la calidad del servicio?.
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