El texto no desagrada a la comunidad educativa aunque algunos lo consideran insuficiente. También el PP.
MADRID-El Ministerio de Educación no se ha atrevido con la defensa del castellano. El PP exigía que garantizase su aprendizaje en las comunidades bilingües para poder firmar el pacto. Al final, Educación ha reducido a una mera declaración de intenciones su apoyo a la lengua castellana, que se recoge como una idea general en el preámbulo del texto definitivo que el ministro de Educación presentó ayer a la comunidad educativa, autonomías y partidos. «Los poderes públicos deben poner los medios necesarios para que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, todo el alumnado comprenda y se exprese con corrección oralmente y por escrito en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma», sostiene el texto.
El documento definitivo tampoco recoge la petición de los populares de garantizar la libertad de enseñanza y de elección de centro, ni su propuesta de homogeneizar los cuerpos docentes, ni que los libros de texto de todas las comunidades tengan un tronco común. Precisamente, las exigencias del PP colisionan con los puntos más polémicos de la Ley Catalana de Educación y, por extensión, con el Estatut, sobre el que ahora se discute su constitucionalidad. El ministro Gabilondo ha evitado entrar en ese terreno.
Así que el gran acuerdo de Gabilondo podría acabar de la misma manera que el anticrisis que gestionó la ministra Salgado, que de pacto de Zurbano acabó llamándose acuerdos de Zurbano. De hecho, la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, avanzó ayer que, «a fecha de hoy, estamos más cerca de alcanzar soluciones puntuales que de conseguir un pacto de Estado».
La cuestión es que ni comunidad educativa, ni autonomías ni partidos dieron un «sí» claro ayer. El ministro ha dejado 15 días de plazo para que todos se pronuncien a favor o en contra del texto definitivo presentado ayer y con el que el Ministerio ha llegado al límite de su capacidad de consenso, según dijo Gabilondo.
No obstante, el texto final no causó mala impresión entre la comunidad educativa, que vio recogidas algunas de sus grandes exigencias, pero generó desconcierto y sorpresa entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular. El documento es prácticamente una réplica del anterior, pero incorpora una serie de mejoras puntuales que ayer acabaron creando una corriente favorable de adhesión al pacto entre la comunidad educativa (sindicatos, centros y asociaciones de padres), con la que Gabilondo mantuvo la primera reunión. De este modo, en lo que afecta a los profesores, hay un compromiso de negociar el estatuto de la profesión docente, en el marco de la mesa sectorial de la enseñanza pública, una reivindicación histórica. Incluso se puso fecha: «Antes del 1 de junio de 2010 y se desarrollará durante este año».
No se regula por ley el reconocimiento de la autoridad pública del profesor, aunque «se reforzará su autoridad social, académica y profesional». Y en lo que afecta al mantenimiento de la prejubilación voluntaria de los profesores a los 60 años, una exigencia unánime y de indispensable cumplimiento para los sindicatos, el Gobierno garantiza mantenerla dos años más, hasta que se convoque la mesa de negociación del Pacto de Toledo, donde se regulará la edad de jubilación de los colectivos de trabajadores.
La escuela concertada no sale tampoco mal parada. El Gobierno se compromete a crear una comisión para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado de estos centros de tal manera que sus sueldos se irán equiparando progresivamente con los de la pública. Además, se revisará (supuestamente al alza) la aportación económica que el Estado hace a estos centros.
De cara a los padres, el texto recoge propuestas para mejorar los cauces de participación de las familias y los alumnos. Los padres católicos (Concapa) creen que ha habido una «aparente mejora», aunque «insuficiente», pero los padres laicos (Ceapa) tacharon los avances de «escasos» e incluso consideraron que el texto final es «peor».
En lo que afecta a los centros, tendrán mayor autonomía «para el diseño de agrupamientos, organización de horarios y tareas docentes... O el desarrollo de proyectos propios».
Otro ambiente distinto era el que se respiraba tras la reunión del ministro con las comunidades autónomas. Los consejeros del PP no ocultaron su desconcierto y su «sorpresa» después de que el ministro de Educación cifrara en 1.570 millones el dinero a cofinanciar por Estado y autonomías para ejecutar los programas previstos en el pacto educativo. Sin embargo, de esta cantidad ya están comprometidos cien millones para el desarrollo del Plan Educa3 y otros cien para continuar con la implantación del Programa Escuela 2.0.
La consejera de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, concluyó al término de la reunión que el texto sobre el que hay que pronunciarse «ni aporta novedades ni recoge las principales propuestas del PP». Como portavoz de las comunidades gobernadas por los populares, Figar aclaró que el PP apoyará «puntualmente» sólo las medidas que le parezcan que van en «la buena dirección».
A última hora de ayer Gabilondo dejó claro que seguiría adelante con el pacto, aunque no contara con el apoyo del del PP. «Nuestra capacidad de consenso ha llegado hasta aquí», sentenció.
Dime dónde estudias y te diré qué sabes
Uno de los problemas derivados de la falta de troncalidad de los libros de texto es que cada comunidad los adapta a su historia. Éstas son algunas de las disparidades de los manuales:
- La principal deficiencia es que los libros centran sus actividades en temas locales. «Clasifica entre servicio público o privado: Mossos d'Esquadra, TV3,...».
- Aprenden los hechos históricos exagerando la participación autóctona, como por ejemplo, aprender la importancia de la participación de los vascos en el descubrimiento de América.
- Además, cuando estudian en las lengua cooficiales aprenden los topónimos de toda España traducidos, lo que les impide reconocer capitales de provincia o nombres de ríos cuando los leen en español.
- Otro desvarío viene por las fotos. Así, en un libro de Historia de 1º de Bachillerato catalán aparece en portada Francesc Macià proclamando la República catalana el 14 de abril de 1931. O en uno del País Vasco, ver una foto del Festival de San Sebastián como acontecimiento más relevante de 1978, año en el que se aprobó la Constitución.
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