Los docentes de los centros privados también serán autoridad pública

14/01/2010 18:01:51

Los docentes de los centros privados de la Comunidad de Madrid también se verán finalmente beneficiados de la ley de autoridad del profesor que el Gobierno regional va a poner en marcha en primavera y que da, entre otras cosas, presunción de veracidad en las declaraciones de los profesores en aquellos conflictos que tengan lugar dentro del centro educativo o en actividades extraescolares referidas al ámbito de la educación.

Así lo anunció el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que explicó que pese a que en un principio quedaron excluidos estos centros que, en su mayoría tienen normas propias en este sentido, el Consejo Escolar emitió la recomendación de incluir a los profesores de los privados junto con los de los concertados y públicos.

"El Gobierno va a extender la condición de autoridad pública a todos los profesores de la enseñanza, de los públicos, concertados y privados que gozarán de la presunción de veracidad en sus actuaciones", señaló González, quien indicó que el Consejo de Gobierno decidió hoy remitir el texto a la Asamblea de Madrid para su debate parlamentario y tener la ley vigente aproximadamente en marzo.

Por su parte, la consejera de Educación, Lucía Figar, explicó que, tras esta inclusión, los beneficiados de la ley serán en torno a unos 75.000 profesores (más de 67.000 de la pública y la concertada junto con los casi 9.000 profesores que hay en la enseñanza privada) y añadió que se ha tomado esta decisión después de comprobar que no hay ningún problema de "carácter jurídico" que lo impida.

De hecho, los servicios jurídicos, que han dictado un dictamen favorable al proyecto de ley (sólo se han tenido que modificar algunas cuestiones de carácter formal) ha entendido, según señaló Figar, que el argumento que se utilizaba para aplicar la ley a los profesores de los centros concertados es "válido" para los de los centros privados también.

"Los servicios jurídicos consultados estiman que el argumento para incluir a los profesores de la concertada, que son los que tienen una relación contractual con una empresa o con una cooperativa, pero no con la administración, que es quien aporta los fondos para el pago de las nóminas, es válido también para los docentes de la privada", destacó.

La Comunidad, además de no encontrarse trabas en las normas jurídicas, ha decidido seguir adelante con la extensión a todos los centros porque a pesar de lo que ellos consideraban en un principio, se ha detectado "una demanda también importante en el Consejo Escolar" que ha propuesto en su dictamen incluir este aspecto en la normativa con los votos a favor de todas las partes (CC.OO, UGT, CSIT, ANPE, la FAPA Giner de los Ríos o el Ayuntamiento de Getafe).

En este punto, el vicepresidente del Gobierno apuntó que el informe del Consejo Escolar, que se reunió el pasado lunes, es muy "contundente" con frases que dejan "muy claro" la necesidad de incluir a todos los docentes. Así, destacó algunas sacadas de distintos informes sobre educación que apuntan, por ejemplo, que "los profesores emplean el 16 por ciento del tiempo lectivo en recuperar en el aula el clima del orden necesario para enseñar y aprender".

También cuentan con afirmaciones sobre España ocupa el último lugar de los 26 participantes en la UE o que se ha puesto de manifiesto que en cuanto a la falta de respeto al profesor, los alumnos españoles de 15 años están por encima de la media de los países europeos. Según el Consejo Escolar, ante situaciones así se hace "imprescindible" reforzar la autoridad del profesor para conseguir un clima escolar "ordenado y a segurar la formación del alumno en valores".

En su opinión, se hace "pertinente y necesario" algún instrumento como esta normativa "como uno de los medios adecuados para incrementar la calidad de la enseñanza y garantizar mejor el derecho constitucional de la Educacion de la Comunidad de Madrid", manifestó González parafraseando el dictamen del Consejo Escolar.

"LA LEY ES LA LEY"

Preguntada sobre qué va a pasar con las normas que rigen en los propios centros privados, la consejera explicó que "la ley es ley" y ésta "está por encima de cualquier norma" que pueda haber en el centro. No obstante, explicó que en la propia ley se ha previsto mediante una disposición adicional el respeto para los centros privados de elaborar sus propias normas y planes de convivencia.

"El margen que otorga la ley para esas normas de convivencia o esos planes disciplinarios es amplísimo", apuntó la consejera, afirmando que los centros, en este sentido, tendrán un margen de autonomía bastante amplio para hacer lo que rijan sus normas en función de las herramientas que otorga la ley para los centros, como la presunción de veracidad o las medidas cautelares provisionales.

Esta ley, según explicó Figar, pretende fomentar la consideración y el reconocimiento público que les corresponde a los docentes "de acuerdo con su importante labor" y facilitará que puedan ejercer sus funciones en un clima de orden, disciplina y respeto. La futura Ley también permitirá que las faltas que se cometan contra los maestros tengan una consideración más grave.

Para reforzar esta condición, la administración educativa adoptará, a través de la nueva normativa, las medidas oportunas que garanticen la adecuada protección y asistencia jurídica de los profesores, así como la cobertura de su responsabilidad civil en relación con los hechos que se derivan de su ejercicio profesional, tanto dentro como fuera del centro educativo.

INFORMACIÓN DE LOS PADRES

Asimismo, la futura Ley establece que los centros podrán recabar de los padres o representantes legales la información y colaboración necesaria respecto a las circunstancias personales, familiares o sociales de los alumnos para facilitar la aplicación de las normas que garanticen la convivencia escolar.

Ahora serán sancionables no sólo las conductas contrarias a la convivencia que tengan lugar en el recinto escolar sino también aquellas que se produzcan durante la realización de actividades extraescolares o la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar.

También podrán ser sancionadas aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa.

La Ley de Autoridad establece la posibilidad de que los directores o profesores puedan adoptar medidas provisionales con carácter cautelar cuando se cometa alguna conducta contraria a las normas de convivencia del centro, con el fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas. La adopción de estas medidas cautelares será comunicada a los padres o representantes legales de los alumnos y podrán ser revocadas o modificadas por el director del centro.

El proyecto de Ley obliga también a los alumnos a reparar los daños que causen, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, tendrán que restituir, en su caso, lo sustraído.

Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en estos casos. Del mismo modo, cuando los alumnos incurran en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores, los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, deberán reparar el daño moral causado.